LA RED DE FISCALES AMBIENTALES DE
CENTROAMERICA Y REPUBLICA DOMINICANA
Marianela Rocha Zúniga
Centroamérica con un 0.51% del territorio emergido del planeta concen-
tra aproximadamente el 7% de la riqueza biológica del mundo. Contiene unos
206 ecosistemas y alrededor de 300 formas de paisajes. Es parte de la segunda
barrera coralina más importante del mundo cuya longitud alcanza 1,600 km2
,
desde México hasta Honduras. La región ha constituido un puente natural entre
América del norte y sur y un paso natural entre el océano atlántico y el pacífi co.
1
Aunado a la diversidad biológica la región es un lugar de encuentro entre
las culturas mayas, nahualt, chibcha, afrodescendientes y mestizos. Se estima
que su población es de 39 millones, de los cuales el 50.8% se haya en situa-
ción de pobreza y el 23% en situación de pobreza extrema ocasionándose una
lógica presión en los recursos naturales.
2
Ambos aspectos, su riqueza natural y el estado de su población fueron
considerados en las decisiones tomadas para el cumplimiento de los “Acuer-
dos de Plan de Esquipulas II” fi rmado en 1987, posterior al cese de los con-
fl ictos armados que se dieron en la región. Como un instrumento para impul-
sar la integración en lo económico, social y ambiental se creo la Comisión
Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) mediante el “Convenio
Constitutivo de la CCAD” en diciembre de 1989.
3
* Lic. Abogada.
1 Centroamérica en la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible. Nuestro Compromiso Ambiental.
CCAD. 2002. Pág. 14.
2 Aguilar Grethel y Iza, Alejandro. Derecho Ambiental Centroamericano. Tomo I. UICN. Gland, Sui-
za. 2009. Pág. 43.
3 El 12 de diciembre de 1989, los presidentes de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y
Nicaragua, con el fi n de establecer “un régimen regional de cooperación para la utilización óptima
y racional de los recursos naturales del área, el control de la contaminación, y el restablecimiento
del equilibrio ecológico”, que garantice una mejor calidad de vida a la población centroamericana,
deciden fi rmar el Convenio Constitutivo de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo
(CCAD). Un Adendum al Convenio, en 1991, incorpora a Belice y Panamá. En el año 2005, Repú-
blica Dominicana se une a la CCAD como organismo asociado. http://www.sica.int/ccad/ccad_re-
sena.aspx?IdEnt=2
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El Convenio reconoce la interdependencia de los países en la región y la
necesidad de una cooperación regional para alcanzar el desarrollo sostenible.
La CCAD se ha desempeñado como un mecanismo regional de comunicación y
coordinación en materia de ambiente y desarrollo. Ha asistido técnica y fi nan-
cieramente, a través de los recursos gestionados a nivel internacional,
4
a los
países de la región en la construcción del entramado legal e institucional bajo
el que se desarrolla la gestión ambiental tanto a nivel nacional como regional-
mente.
Uno de sus primeros esfuerzos fue la asistencia en la elaboración de la
“Agenda Centroamericana de Ambiente y Desarrollo” presentada por los pre-
sidentes centroamericanos en la Cumbre de la Tierra de 1992, ésta marcó la
pauta para el desarrollo del tema ambiental en la región.
El concepto de esta Agenda se materializó en 1994 con la suscripción de
la “Alianza para el Desarrollo Sostenible (ALIDES)” estrategia orientada a
construir un modelo de desarrollo sostenible para Centroamérica desde un en-
foque integral que incluye lo político, moral, económico, social y ecológico.
En contexto, entre 1992 y 2002, se formularon instrumentos normativos
regionalmente armonizados. Se fi rmaron importantes convenios regionales e
internacionales.
5
Se dictaron las leyes generales del ambiente y normas secto-
riales en temas de pesca, forestal, vida silvestre, contaminación, se establecie-
ron regímenes de responsabilidad por daño ambiental y de delitos ambientales.
Paralelamente se trabajó en la formación de capacidades para abordar
los retos ambientales de la región. Se crearon los Ministerios y Secretarias
del Ambiente como entes rectores de la gestión ambiental, Comisiones Le-
gislativas del Ambiente en los Parlamentos, Institutos Forestales, Fiscalías y
Procuradurías Ambientales como órganos de representación del Estado y de
las víctimas de los delitos ambientales.
6
4 El Convenio Constitutivo de la CCAD entre sus objetivos tiene la obtención de recursos fi nancieros,
regionales e internacionales necesarios para alcanzar los objetivos del presente régimen.
5 Regionales: Acuerdo Regional sobre Movimientos Transfronterizos de Desechos Peligrosos (1992),
Convenio Regional de Cambio Climático (1993), Convenio Regional para el manejo y conservación
de ecosistemas naturales forestales y de desarrollo de plantaciones forestales (1993), Convenio para
la Conservación de la biodiversidad y protección de áreas silvestres prioritarias en America Central
(1992). Internacionales: Convenio sobre la Diversidad Biológica (1992), Convenio Marco de la
ONU sobre Cambio Climático (1992), entre otros.
6 Paralelo al desarrollo normativo e institucional, la CCAD ha implementado procesos de formación
de capacidades profesionales en las instituciones del Estado, ONG ambientalistas, profesionales
liberales, docentes universitarios en temas ambientales a través de los distintos programas y pro-
yectos. Esto ha permitido que se de un intercambio regional de información y conocimientos de los
problemas, experiencias exitosas y no exitosas en la aplicación de la legislación ambiental en cada
uno de los países. Asimismo ha permitido coordinar acciones regionales y conjuntas en la aplica-
ción de los Convenios Internacionales y de la legislación nacional y de la persecución de los delitos
ambientales.
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1 Creación de la Red de Fiscales Ambientales de Centroamérica
En el año 1999 los titulares de las fi scalías y procuradurías ambientales de
Centroamérica decidieron organizarse a fi n de facilitar el intercambio de cono-
cimientos y constituirse como un punto focal para llevar a cabo esfuerzos con-
juntos de gestión de cooperación y para fortalecer la aplicación de la legislación
penal ambiental en Centroamérica.
7
El 27 de junio del año 2000 aprobaron el “Acuerdo de Creación de la Red
de Fiscales Ambientales de Centroamérica y Panamá” y su Reglamento de Fun-
cionamiento. La Red se planteó como objetivos:
• Fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias entre los
miembros para mejorar la aplicación y cumplimiento de la legislación
penal ambiental en la región.
• Fomentar el desarrollo armonizado de la aplicación de la ley penal
ambiental en cada uno de los países miembros.
• Coordinar acciones bilaterales y regionales para combatir la delincuencia
ambiental transfronteriza.
• Promover la prestación de servicios de asesoría y asistencia técnica entre
sus miembros en materias de su competencia.
• Organizar y realizar cursos de capacitación y adiestramiento dirigidos al
personal de las entidades miembros, así como la ejecución conjunta de
estudios, proyectos e investigaciones que sean compatibles con la función
de cada entidad.
• Impulsar la creación de un Centro de Documentación o Base de Datos que
permita el acceso a la información técnico-legal ambiental.
• Buscar soluciones de carácter científi co y profesional a los problemas que
aquejan el cumplimiento de nuestra función y los problemas ambientales
en general con otras organizaciones locales e internacionales, cuyo
objetivo y especialidad sean compatibles con las asignadas a las entidades
participantes en la instancia.
• Compartir y contribuir a la unifi cación de criterios y esfuerzos para la
solución de problemas ambientales para el área y para cada uno de los
países miembros.
• Promover la incorporación de fi scales ambientales de países del continente
americano.
• Promover la afi liación y contacto con redes y organizaciones ambientales
de otras regiones.
Con la asistencia permanente de CCAD y con apoyo para eventos puntua-
les del PNUMA, PROTIERRA-MARENA-Nicaragua y por el aporte de cada
uno de sus miembros, la Red ha promovido en los 10 años de su existencia
7 Acta de Encuentro Regional de Fiscales Ambientales. Managua 6 de Diciembre de 1999.
DIAAMP2-02.indd 16 DIAAMP2-02.indd 16 5/8/2010 14:21:56 5/8/2010 14:21:56 La Red de Fiscales Ambientales de Centroamerica y Republica Dominicana 17
diversos cursos de derecho ambiental, pasantías en los distintos Ministerios
Públicos, publicó un compendio de Leyes Ambientales de Centroamérica y el
Manual de Inspección Ambiental.
Han participado como grupo en congresos de derecho ambiental en Bra-
sil y México, en la Cumbre Mundial de Ministerios Públicos realizada en
Guatemala (2003); en las Conferencias de Aplicación y Cumplimiento Am-
biental (INECE). Realizaron el Panel Centroamericano sobre “Aplicación del
Derecho Penal Ambiental en Centroamérica y Brasil” (2000). Realizaron el
primer encuentro centroamericano “Justicia Ambiental en el Marco del Sis-
tema Procesal Penal”, con la participación de jueces argentinos, brasileños y
funcionarios de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos
(2002).
Han establecido alianzas con la “Red Latinoamericana del Ministerio
Público Ambiental” lo que está facilitando el intercambio de información y
experiencias en la aplicación del derecho ambiental comparado así como el
estudio de sus estrategias de actuación.
En el ámbito operativo, con apoyo del Acuerdo CCAD-DOI, han esta-
blecido coordinaciones con la Red de Protección de la Vida Silvestre en DR-
CAFTA.
8
Esta alianza pretende mejorar las coordinaciones a nivel nacional y
regional en la persecución de los delitos contra la vida silvestre, facilitar el
intercambio de información, desarticular redes de delincuencia organizada,
promoviendo a la vez el respeto a las leyes que protegen la vida silvestre.
Todas estas acciones han permitido que los fi scales ambientales vayan
posicionándose en sus instituciones y a nivel interinstitucional y social ya son
reconocidos como una pieza fundamental de la gestión ambiental.
2 Obstáculos
Los conocimientos y destrezas que los fi scales han adquirido han mejo-
rado la persecución de los delitos ambientales apoyando a los cuerpos policia-
les en el diseño y planifi cación de las investigaciones y posterior presentación
de estas entre las autoridades judiciales. Sin embargo, tanto en las autoridades
policiales, salvo en algunos países que existen cuerpos especializados, como
en los judiciales no siempre encuentran los conocimientos ambientales nece-
sarios para la tramitación de los casos.
8 En octubre de 2008, el Departamento del Interior de los Estados Unidos (DOI) y la Comisión
Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) fi rmaron un “Memorándum de Entendimiento
relativo al fortalecimiento de la implementación de CITES en Centroamérica y República Domini-
cana”. El objetivo principal del instrumento fi rmado fue el de “proveer un mecanismo de colabora-
ción entre los participantes (DOI-CCAD)”, mediante cooperación técnica a las Autoridades CITES
de la región. http://www.sica.int/acuerdo_USAID-CCAD/drcafta-ambiente/
DIAAMP2-02.indd 17 DIAAMP2-02.indd 17 5/8/2010 14:21:56 5/8/2010 14:21:5618 Marianela Rocha Zúniga
La difi cultad de las investigaciones y procesos judiciales inician desde la
confi guración de los tipos penales. Estamos ante una tendencia legislativa de
aprobar tipos penales ambientales diversos, desoyendo el principio de la última
ratio del Derecho Penal. Esto ha sido un modo de responder a la divulgación
de las constantes y graves destrucciones de los bienes ambientales para la que
los ciudadanos demandan fuertes sanciones.
9
También ha sido una respuesta,
en muchos casos, a las difi cultades de la aplicación de sanciones ambientales
administrativas por parte de la administración pública. Todo ello conlleva la
saturación de la labor de los fi scales y en ocasiones a una lucha de competencias
entre la justicia penal y la administración pública.
10
La falta de recepción de los jueces de los casos ambientales es una queja
generalizada por parte de los fi scales. Solo a manera de ejemplo mencionemos
la solicitud que hacían los funcionarios de la Fiscalía ambiental de Honduras
al decir: “No tendría mucho sentido asumir la formación de Fiscales, obvian-
do la formación de Jueces. Hay que reseñar que la labor de los Fiscales no
constituye un compartimiento estanco, sino la antesala de la actuación judicial
posterior. Los propios Fiscales expresaban sus quejas en las entrevistas sobre
la poca concienciación ambiental de los Jueces. Aseguraban que esa carencia
de capacitación viene determinando el que se dicte una importante cantidad de
resoluciones judiciales absolutorias”.
11
También hay que señalar la difi cultad que tienen los fi scales para ofrecer
medios probatorios. Muchos casos ambientales presentan gran complejidad y
demandan medios probatorios especializados e idóneos. Además los fi scales
se deben movilizar para controlar no sólo la legalidad en la obtención de las
muestras y la elaboración de dictámenes, sino la idoneidad técnica para que
luego la misma no pueda ser cuestionada por los vicios o defi ciencias en el
proceso penal.
Normalmente la adquisición de pruebas de laboratorios conllevan costos
elevados, que no están al alcance de las instituciones públicas, en la mayoría
de casos tampoco se suple lo indispensable para el trabajo diario de los fi sca-
les ambientales.
9 Vicente Jiménez, T. Coordinadora. “La Protección Penal del Medio Ambiente Peculiaridades de su
Tratamiento Jurídico” en Justicia Ecológica y Protección del Medio Ambiente. Editorial Trotta S.A.
Madrid. 2002. Pág. 222.
10 Vicente Jiménez... Op. Cit. 254….
11 Consultoría sobre el estado de la Fiscalía Especial del Medio Ambiente de la República de Hondu-
ras. Situación Actual y Propuestas de Mejora. Septiembre, 2005 Proyecto de Fortalecimiento del
Estado de Derecho en Honduras. Pág. 17.
DIAAMP2-02.indd 18 DIAAMP2-02.indd 18 5/8/2010 14:21:56 5/8/2010 14:21:56 La Red de Fiscales Ambientales de Centroamerica y Republica Dominicana 19
3 Perspectivas
El Plan de Trabajo del a Red de Fiscales Ambientales de Centroamérica
2009-201012
con el objetivo de superar algunos aspectos de la problemática
presentada se han propuesto entre otras actividades las siguientes:
• Capacitación a todos los operadores del sistema de justicia penal en
legislación sobre CITES, contaminación hídrica, valoración del daño,
recolección el manejo e incorporación de la prueba pericial en el proceso
penal.
• Gestionar y distribuir a los operadores bibliografía especializada en
derecho ambiental.
• Divulgar la normativa, el quehacer de las fi scalías ambientales y los
procedimientos ambientales de los procesos penales en los medios de
comunicación y en la web de CCAD.
• Ejecutar operaciones transfronterizas para combatir los delitos ambientales.
• Establecer acuerdos con entes especializados de investigación que les
facilite la recolección y presentación de las pruebas en juicio.
Una propuesta importante para incluirse en este plan fue la presentada por
la fi scalía ambiental de Costa Rica en la reunión de fi scales realizada en San
Salvador el 14 de abril de 2010 para elaborar un estudio de los convenios de in-
tercambio de pruebas entre los países de Centroamérica. Tradicionalmente han
sido trámites complejos difi cultando la presentación o sustentación de los casos
ambientales. El objetivo es promover a nivel regional un nuevo instrumento
para el intercambio de información y pruebas que se ajuste a las características
y fi nes del derecho ambiental.
Finalmente, hay que mencionar que este plan de trabajo debe ir com-
plementado por la incidencia que puedan hacer los fi scales ambientales en el
resto del personal de los Ministerios Públicos así como en las políticas institu-
cionales que dicten la sobre la materia los Fiscales Generales.
Esta incidencia sólo se puede lograr impulsando la visualización social
de su labor, publicando estadísticas y sentencias de los casos tramitados, apor-
tando mediante sus escritos en la construcción de doctrina y jurisprudencia
ambiental centroamericana, fortaleciendo las alianzas para el intercambio de
información con la sociedad civil, universidades y con las autoridades respon-
sables de la gestión ambiental.
Como grupo regional los fi scales deben fortalecer sus estrategias de ac-
tuación, apropiarse del concepto y establecer mecanismos para que siga fun-
cionando con cooperación internacional o sin ella. Debe reconocerse que para
es desempeño de su labor es indispensable mantener el contacto regional, ca-
12 Este Plan cuenta con el apoyo técnico y fi nanciero del Acuerdo de Cooperación USAID-CCAD.
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pacitarse, intercambiarse información debiendo en consecuencia desde ahora
dejar las bases sólidas para su funcionamiento a largo plazo.
Una labor efectiva del fi scal ambiental contribuirá en el fortalecimiento
de la aplicación y cumplimiento efectivo de la legislación ambiental y no sólo
en el ámbito penal en sus países sino a nivel regional como aspira el “Plan
de Ambiental de la Región Centroamericana 2010-2014” sino que facilitará
la aplicación de iniciativas regionales como el Plan Centroamericano de Ma-
nejo Integral de Recursos Hídricos, la Estrategia Centroamericana de Gestión
Integrada de Recursos Hídricos, la Estrategia Regional para la Conservación
y Uso Sostenible de la Biodiversidad en Mesoamérica y el cumplimiento de
acuerdos como el Capitulo 17 del DR-CAFTA; todas ellas encaminadas a con-
servar y manejar sosteniblemente los abundantes recursos naturales de Cen-
troamérica lo que redundará directamente en la mejora de la calidad de vida
de su población.
Bibliografía
Acta de Encuentro Regional de Fiscales Ambientales. Managua 6 de Diciembre de 1999.
Acuerdo de Creación de la Red de Fiscales Ambientales de Centroamérica y Panamá. 2000.
Aguilar Grethel y Iza, Alejandro. Derecho Ambiental Centroamericano. Tomo I. UICN. Gland,
Suiza. 2009.
Centroamérica en la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible. Nuestro Compromiso Ambiental.
CCAD. 2002.
Consultoría sobre el estado de la Fiscalía Especial del Medio Ambiente de la República de Hon-
duras. Situación Actual y Propuestas de Mejora. Proyecto de Fortalecimiento del Estado de Dere-
cho en Honduras. Septiembre, 2005.
Convenio Constitutivo de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD).
1989.
Reglamento de Funcionamiento de la Red de Fiscales Ambientales. 2000.
Vicente Jiménez, T. Coordinadora. “La Protección Penal del Medio Ambiente Peculiaridades de
su Tratamiento Jurídico” en Justicia Ecológica y Protección del Medio Ambiente. Editorial Trotta
S.A. Madrid. 2002.
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